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jueves, 18 de marzo de 2021

Sanciones van y sanciones vienen


Por Claudio Fermín

 

La nueva Asamblea Nacional fue juramentada el pasado 5 de enero.  Inmediatamente se instaló la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Ninguna otra actividad de los diputados ha tenido el impacto de las jornadas de diálogo auspiciadas por esa Comisión.

Se reunieron con rectores de universidades y con directores de Politécnicos y Tecnológicos. También con FEDECÁMARAS, con pastores de iglesias evangélicas y con líderes sindicales de gobierno y de oposición. 

El país ha sentido voluntad de diálogo.  Sin un ambiente político sosegado no se podrá coincidir en rectificaciones y reorientaciones que son imprescindibles en política económica y en la conducción de las instituciones públicas para enfrentar la crisis que padecemos.

 

Sin embargo, agendas políticas paralelas han asomado sus garras para saciar los incontenibles deseos de venganza que desde los extremos presionan por más conflictos. Unos, para castigar severamente la disidencia, otros para continuar en la perversa estrategia de agravar la crisis.

 

Diputados negados a consignar declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República y que de hacerlo habrían reconocido al Contralor en ejercicio, antes denunciado por esos dirigentes políticos como usurpador, han sido sancionados por ese Organismo. No podrán ejercer cargos públicos por quince años.

La sospecha es que esos bienes no declarados fueron adquiridos de manera corrompida como contrapartida a la entrega de CITGO, Monómeros y en general como contraprestación a la deshonrosa conducta ante potencias que han bloqueado económicamente al país.

 

En respuesta a esta acción oficialista, la Unión Europea, penetrada por opositores que reclaman bloqueo económico contra Venezuela, sancionó a parlamentarios de la Asamblea Nacional recién electa, a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a rectores del Consejo Nacional Electoral y a elevados funcionarios policiales y militares.

La reacción de la Asamblea Nacional fue declarar persona no grata a la embajadora de la Unión Europea en el país y el gobierno, en consecuencia, le dio tres días para abandonar el territorio nacional. Todo ese contrapunteo de agresiones institucionales pareciera no tener final.

 

Así las cosas, las diligencias iniciales de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional parecieran volverse sal y agua por la acción de los extremistas que no descansan. No terminan de entender que para salir de la crisis el liderazgo político debe acordarse y abandonar la confrontación total, el odio perpetuo que junto con erráticas políticas económicas nos ha traído al punto muerto en el que Venezuela se encuentra.


 

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