Michelle
Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
denunció este jueves durante la actualización de su informe sobre Venezuela que
no han cesado las ejecuciones extrajudiciales en el país durante los operativos
de seguridad.
Misión
de la ONU identificó más de 200 asesinatos cometidos en Venezuela por las
fuerzas policiales en lo que va de 2021
Dijo
que a principios de enero al menos 14 personas murieron durante un despliegue
en el barrio La Vega, en Caracas. La funcionaria pidió a las autoridades del
régimen de Nicolás Maduro que se realicen investigaciones rápidas e
independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares
y poner fin a esa práctica.
Servicios básicos e inseguridad alimentaria
La
funcionaria manifestó, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que desde
septiembre pasado, cuando presentó una breve actualización oral de su informe,
se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia el acceso a los
servicios básicos como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y
la gasolina.
Señaló
que el salario mínimo está por debajo de 1 dólar al mes, mientras se estima que
el precio de la canasta alimentaria ha aumentado 1.800% en el último año.
Alrededor de un tercio de venezolanos, subrayó, estaría en situación de
inseguridad alimentaria.
Bachelet
expresó que la muerte de al menos 28 venezolanos en el mar Caribe en diciembre
de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a
tomar, así como la vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de
migrantes.
Presos: liberación y condiciones de reclusión
La alta comisionada manifestó su preocupación por los informes que señalan las muertes de ciudadanos en los centros de detención a causa de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.
Resalto
que garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial
para evitar más muertes como la del indígena pemón Salvador Franco.
“Reitero
mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos
arbitrariamente y acojo el nuevo acceso de mi oficina a los centros de
detención policial”, dijo.
Criminalización, hostigamiento, persecución
En
ese contexto, añadió Bachelet, la asistencia humanitaria resulta más esencial.
Por esta razón, dijo estar preocupada por la imposición de restricciones
indebidas a la capacidad de actuación de las organizaciones no gubernamentales,
incluida la congelación de activos.
“Pido
que se reanuden los proyectos suspendidos”, manifestó.
Bachelet
rechazó asimismo la criminalización de los periodistas, medios de comunicación,
defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes
sindicales. Además de los miembros o partidarios de la oposición, incluidos
diputados a la Asamblea Nacional electos en 2015 y sus familiares.
Con información El Nacional
Foto Agencias
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